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18 octubre, 2020

COLUMNA LA NETA

COLUMNA LA NETA

La detención en Estados Unidos de Salvador Cienfuegos, exsecretario de
Defensa, por vínculos con el narcotráfico, sacudió a México y asestó un
duro golpe a la credibilidad de las fuerzas armadas del país, a las que el
actual presidente ha involucrado cada vez en más actividades y a cuyos
altos mandos tachó de “incorruptibles”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el arresto del general
Salvador Cienfuegos la víspera en Los Ángeles es un hecho “lamentable”
que deberá probarse y “una muestra inequívoca de la descomposición del
régimen” durante los gobiernos de sus predecesores.
Y aunque garantizó que se perseguirá a posibles cómplices, reiteró su
apoyo a los actuales mandos de las fuerzas armadas.
“Todos los que resulten involucrados van a ser suspendidos, retirados y, si
es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes”, afirmó.
“No vamos a encubrir a nadie, ya pasó ese tiempo”, dijo.
Sin embargo, algunos analistas consideraron que el golpe no solo afecta a
las administraciones pasadas, sino que es un cuestionamiento a los cada
vez más poderosos militares mexicanos y a toda la estrategia contra los
cárteles que desde hace décadas se apoya fundamentalmente en las
fuerzas armadas

“Es un golpe brutal al combate a la delincuencia organizada”, afirmó
Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada de la universidad
estadunidense George Mason.
Cienfuegos encabezó a las fuerzas armadas de 2012 a 2018 durante el
gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. El pasado viernes, fiscales
en Nueva York presentaron cargos en su contra por asociación delictuosa
para distribuir e importar drogas y lavado de dinero. Le acusaron de recibir
sobornos de narcotraficantes para protegerles entre diciembre de 2015 y
febrero de 2017.
Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador indicó que
hace dos semanas la embajadora mexicana en Washington, Martha
Bárcena, le había adelantado que había una investigación en marcha
contra Cienfuegos en el país vecino. Agregó que no hay abierta ninguna
indagatoria en México contra el general.
La Secretaría de la Defensa no se pronunció de forma inmediata sobre el
caso.
Cienfuegos, de 72 años, es el exfuncionario de mayor rango en ser
arrestado desde la captura en 2019 en Texas de Genaro García Luna,
exsecretario de Seguridad Pública del presidente Felipe Calderón (2006-
2012), y quien se ha declarado inocente de los cargos de narcotráfico que
le han imputado.
López Obrador dijo que la investigación a Cienfuegos la lleva la misma
corte que está enjuiciando a García Luna y que es también la que condenó
al líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cadena
perpetua el año pasado.
Samuel González, fundador de la oficina especializada en delincuencia
organizada de la Fiscalía General de la República (FGR), señaló que el
origen de todo es el juicio contra “El Chapo”, en el que fueron mencionados
generales de cuatro gobiernos previos al actual.
Por ello consideró que la investigación en marcha actualmente en Estados
Unidos es «en realidad un juicio a todos los cárteles y a los vínculos de los
servidores públicos y los cárteles”.
El primer general acusado y condenado a 40 años de prisión por sus
vínculos con el narcotráfico en México fue el ya fallecido Jesús Gutiérrez
Rebollo, designado zar antidrogas en 1996 por el entonces presidente
Ernesto Zedillo y considerado por las autoridades estadunidenses de
reputación impecable.
Al año siguiente fue arrestado y durante el juicio se supo que le había
pedido al Cártel de Juárez 60 millones de dólares a cambio de enviar
soldados a proteger y apoyar sus operaciones.
A Cienfuegos, los fiscales estadunidenses lo vinculan con un grupo del
cártel de los hermanos Beltrán Leyva, una escisión del de Sinaloa.
González dijo que es posible que ahora pueda haber “golpeteos, cambios,
protestas o semi revueltas” en el seno de las fuerzas armadas como las
que hubo a fines de los 90 cuando México llevó a cabo su primer gran
juicio contra el narcotráfico. Pero auguró que López Obrador podrá
controlarlas y que el Ejército como institución resistirá.
El presidente reiteró el pasado viernes su convencimiento de las que tanto
el Ejército como la Marina son instituciones “fundamentales» para el
desarrollo de México y “tan fuertes que ni estos asuntos tan lamentables…
las debilitan”. Agregó, además, que son ”garantía para mantener la paz» en
el país.
Al igual que los dos gobiernos que lo precedieron, López Obrador
encomendó a las fuerzas armadas el combate al crimen organizado pero
además les ha dado otras muchas tareas, desde la construcción de
infraestructura a la distribución de suministros médicos, el control de las
aduanas y la contención de la inmigración ilegal

Y lo hizo con el mismo argumento utilizado por sus predecesores y que se
ha demostrado erróneo: que son más confiables.
Correa-Cabrera advirtió que aunque López Obrador quiera limitar el
problema al pasado, no se sabe qué redes creadas por los altos
funcionarios investigados ahora en Estados Unidos pueden seguir
funcionando.
“Estamos en una situación complicadísima”, agregó la académica, porque
se cae “la última instancia a la que se recurrió para resolver el problema
tan grande que tiene México… Todas nuestras instituciones están
corrompidas”.
El secretario de la Defensa Nacional no es solo un miembro más del
gabinete sino que es uno de los hombres más poderosos del país. Una
regla no escrita es que los militares no interfieren en política y los políticos
les dejan libertad en sus asuntos internos. Y aunque el presidente es quien
lo nombra, lo hace a partir de una lista de candidatos presentada por los
generales.
En este caso, López Obrador aclaró el pasado viernes que los actuales
jefes del Ejército y la Marina no estaban entre los nombres recomendados
por Cienfuegos.
En este sentido, Juan Ibarrola, un analista que a menudo expresa el punto
de vista de los militares, dudó en una entrevista con W Radio, que un
secretario de la Defensa pueda involucrarse en el trasiego de drogas. «No
es necesario, no lo necesitan”.
Las fuerzas armadas se han visto envueltas en serias acusaciones de
violaciones a los derechos humanos y recientemente se emitieron
órdenes de captura contra militares por su presunta participación en la
desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, en 2014.
Y numerosas organizaciones de derechos humanos e incluso la ONU han
advertido desde hace años del peligro de la militarización de la seguridad
pública en México, algo que se institucionalizó durante esta
administración con la creación de la Guardia Nacional pero que
actualmente está en los tribunales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó a trámite en los
últimos meses al menos cuatro controversias constitucionales que ponen
en duda si las fuerzas armadas mexicanas están facultadas para las
labores de seguridad pero todavía no se ha pronunciado al respecto.
Los juicios en Estados Unidos están cuestionado 12 años de lucha contra
los cárteles. Durante ese tiempo, Washington ha colaborado con los militares mexicanos porque siempre los consideró más confiables que la
policía. Y entre todos los cuerpos, la Marina siempre contó con mayor
credibilidad. Sin embargo, también han sido los estadounidenses quienes
han ejecutado las detenciones más importantes.
“Es un cambio de paradigma fuertísimo”, comentó Samuel González. “En
Estados Unidos se están metiendo al área de seguridad entera y es la
primera vez que lo hacen. ¿Se van a meter con la protección política y van
a llegar a un expresidente? Parece que los fiscales de Nueva York sí
quieren llegar al área política”.
No todos coinciden. “Los protectores políticos de los cárteles sólo son
detenidos después de que dejan de ser políticos», lamentó Edgardo
Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia. «Para terminar con
la impunidad estos procesamientos deben realizarse durante sus mandatos”, dijo.