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15 septiembre, 2020

COLUMNA – LA NETA

COLUMNA – LA NETA

Por si faltaba apoyo para el Gobierno de Chihuahua, desde San Lázaro
surgió una voz replicó la exigencia que estos días: solución pacífica a
problema del agua. Juan Carlos Romero Hicks, líder de los diputados del
PAN, lamentó la ausencia de funcionarios federales en el caso, así como el
uso de las fuerzas de seguridad para mitigar las manifestaciones.
Romero Hicks y los integrantes del blanquiazul se sumaron a la postura
del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien en su gira por
Juárez solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) evitar
reuniones en lo oscurito para cotejar cifras de la cantidad de agua
entregada por Chihuahua.
El mandatario sugirió que dependencia que esta comparación de datos se
haga de frente a quienes son los principales afectados de esta
problemática, o sea, los productores de los distritos de riego del estado.
Aunque parece que Conagua está empecinada en decir que los datos son
erróneos.
Mientras lo meditan, el gobernador y los productores ya están armando
una propuesta para solucionar el problema, en espera de que los
funcionarios federales tengan la disposición de revisarla, para que una vez
termine el clima de confrontación. Bueno, hasta la ONU podría intervenir si
se solicita.

Quienes seguramente van a estar preocupados estos días son 18
involucrados en los desvíos millonarios en la administración del
exgobernador César Duarte. Jorge Espinoza Cortés, asesor jurídico de
Gobierno del Estado, dijo que ya se preparan las solicitudes de extradición
contra 18 personas para que respondan por las acusaciones en
Chihuahua.
Además, el funcionario agregó que Bertha G. ya es considerada prófuga
de la justicia, por lo que autoridades de México y EU pueden detenerla si la
ubican en algún punto. No está de más mencionar que estas acciones
tienen como objetivo hacer justicia y devolver a los chihuahuenses todo lo
que salió del erario.
Sobre las solicitudes de extradición que irán avanzando poco a poco
conforme vaya generándose este proceso ante la Fiscalía General de la
República, que no es un proceso simple sino complejo en cuanto a su
estructura. Y también están en litigio las propiedades del exgobernador
ubicadas en Texas, faltan las de Nuevo México y Florida.
En cuanto a los exfuncionarios duartistas que obtuvieron su liberación, o más bien el cambio de medidas cautelares, ya se inició un proceso de
impugnación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). Jesús Manuel E. F., exauditor del Estado, y Marcelo G., exsecretario de Educación
salieron del penal de Aquiles Serdán por temor al Covid.
El caso del exsecretario de la sección Octava del SNTE, Alejandro V. A., es
el mismo: obtuvo su liberación tras infectarse. Despreciaron la atención
que ya recibían, pero esta decisión podría traerles más consecuencias, de
acuerdo con el seguimiento que ha dado Jorge Espinoza, quien precisó
que los juzgadores conocen los protocolos que se siguen en el Cereso.
Los exfuncionarios ligados a Duarte podrían regresar al penal, al menos Marcelo G. y Alejandro V., pues el exauditor ya tiene unos días en prisión
preventiva, luego de que la jueza determinara que su salud no corre
riesgo. La atención que recibió bien se la pudieron brindar en el Cereso,
pero prefirió ganar tiempo con una audiencia.
Los que sí se pusieron de acuerdo fueron los diputados locales del PAN.
Los legisladores firmaron un acuerdo para tramitar en un tribunal federal
un amparo que contempla tres conceptos, que representan una clara
violación constitucional, sí, relativo a las presas.
Fernando Álvarez Monje, coordinador de la bancada blanquiazul, detalló
que la extracción de agua de las presas representa un daño total al
ecosistema y biosfera de la región. Se supone que el Estado debe
garantizar un ambiente sano para el desarrollo, y con las acciones del
Gobierno Federal, ese principio se está rompiendo.
En el documento también figuran los nombres de Jesús Valenciano, Miguel Latorre, Jorge Soto, Jesús Villarreal, Georgina Bujanda, Rocío
González, Jesús Manuel Vázquez, Patricia Jurado y Marisela Terrazas,
quienes respaldaron que el tema se analice como de seguridad nacional.
Habrá que esperar la resolución del tribunal.