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12 octubre, 2019

DIARIO DE CHIHUAHUA COLUMNA

DIARIO DE CHIHUAHUA

-Participación ciudadana quedó en galimatías

-Con el Ichitaip de plano se le cansó el caballo

-Boicotean a Bienestar con adultos mayores


La solicitud de más recursos para las universidades entrará -de hecho ya lo hizo- a un proceso de estira y afloja, del más alto nivel presidencial.

Lo hizo ver Andrés Manuel en su conferencia mañanera. No lo dijo textualmente pero al buen entendedor, pocas palabras: vendrán auditorías a las universidades, donde comprueben el gasto.

Irá tras las viaticadas y los sueldos onerosos. Aplicará el rasero de la pobreza franciscana.

Pese a su autonomía, como entidades del sector público, deberán las universidades demostrar cómo están ejerciendo el presupuesto.

No habrá un peso para rescatarlas del pago de salarios o sus deudas. Es más. En el discurso presidencial el paro universitario fue un chantaje y no cederá a grupos de presión.

Entonces, la ANUIES necesitará algo más que un simple paro de labores para rescatar recursos adicionales, porque sólo habrá actualización inflacionaria.

Los sindicatos se vieron sumamente tibios y así difícilmente obtendrán lo que desean salarialmente hablando para los maestros y respeto a los recursos actuales.

Ayer circuló una carta enviada por el SPAUACH agradeciendo a sus maestros el haberse unido al paro laboral, que al final del día fueron 24 horas de asueto.

Con un pequeño agregado. Las acciones realizadas tienen como finalidad defender la autonomía de la universidad pública.

Viene entonces una lucha de vencidas, en la cual Andrés Manuel ya demostró habilidad. Montó a Corral a su lado en la reciente visita, elemento que no debe pasar desapercibido, como tampoco debe hacerlo la ausencia de la UACJ en el paro laboral.


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Es un auténtico galimatías la Ley de Participación Ciudadana. Como no se iba a aplicar en su propia persona, el gobernador hizo de un instrumento bondadoso una trampa leonera.

Dejó correr de manera conveniente el tiempo, violando los artículos transitorios de la ley por lo que tiene que ver con la expedición del reglamento.

Dirá que era responsabilidad del Poder Legislativo. Pero sabemos que está plegado totalmente a sus designios.

Con ello evitó que las autoridades “públicas” (sic) -como si hubiera otras- considerarán presupuestalmente los gastos relativos a cualquier tipo de mecanismo de participación ciudadana contemplado en la ley, porque es en dicho reglamento donde se establece.

Pero de manera conveniente el reglamento apenas fue publicado a mediados de este año, hace unos meses. Por lo que no había forma de que dichas autoridades contemplaran esa erogación.

Ese es el pequeño detalle últimamente develado por el Instituto Estatal Electoral: la cuestión presupuestal. La ley obliga al instituto a presupuestar los gastos inherentes al mismo, en lo que a su competencia se refiera, pero no lo hizo.

Esto a pesar de que la ley es del mes de julio del año pasado, y muy bien tuvo tiempo de contemplarlo en el presupuesto.

Lo demás es un simple desenlace. Tendría el ayuntamiento que sacar dinero de recursos propios para pagar el costo, con una autorización de ampliación presupuestal del propio Congreso.

Viene entonces una nueva dilación muy apropiada para llevar el plebiscito del alumbrado público a finales o principios del año que entra.

La intención en el fondo sigue siendo hacerlo inviable a como dé lugar.
 
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De última hora y sin estar contemplado en el orden del día para la sesión de ayer, la diputada Blanca Gámez apareció en tribuna.

Le mostramos la imagen de la publicación en la página oficial que no deja mentir. No aparece por ningún lado anunciada la presentación de iniciativa alguna por parte de la legisladora que se ha convertido en la más continua operadora del nuevo amanecer.

La propuesta podría haber sido irrelevante, pero no lo es. Vendrá a remover las aguas en el Instituto Chihuahuense de Transparencia, como si eso fuera necesario.

Ahora resulta que hubo un estudio comparativo de los principales órganos garantes de la transparencia en el país y todos ellos tienen un reducido cuerpo de consejeros o comisionados.

Pues igual deberían echar vistazo en otros órganos para reducir a sus miembros en lugar de enfocar sus baterías en el Ichitaip, donde el conflicto ha sido permanente desde hace tres años. O sea, propuso bajar de cinco a tres los integrantes del Consejo estatal.

Los modos siguen siendo el lado débil. Un error sigue a otro en la actual administración. Con cinco consejeros políticamente han podido administrar el órgano.

Pero además, no pueden sacar de la jugada a Rodolfo Leyva, quien está designado por siete años, los cuales se cumplen hasta el 2023.

Por lo que sólo queda pensar que quiere el Ejecutivo estatal eliminar cualquier necesidad de negociaciones con fuerzas partidarias, aunque cierre posibilidades de crecimiento a sus propias gentes. No habría convocatoria en diciembre para elegir a los dos nuevos comisionados.

Está cansado, políticamente agotado. Es la propuesta de reforma una declinación del escaso poder que le queda.


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Los encargados directos, los que están ahí frente al escritorio, en la operatividad de la Secretaría del Bienestar y son el primer contacto para atender a los adultos mayores no están haciendo su chamba de protegerlos.

Causó crisis la manera en que atendieron a los adultos mayores en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo durante el lunes pasado.

Eran filas kilométricas, sin carpas, ni sillería suficiente. Se desbordó el problema cercano al mediodía cuando ya tenían los adultos mayores varias horas formados.

Pero no sólo ocurrió ahí en este procedimiento. Las instalaciones de atención ubicadas en la Ocampo y Bolívar, carecen del equipamiento mínimo para facilitar la espera. La imagen en nuestra edición digital es elocuente.

Alguien en esos mandos medios no está trabajando de manera adecuada en perjuicio del programa. Es fuego amigo. Tal vez hasta de boicot se trata.